Un debate a prueba de caretas

*Por Esteban Santantino

La semana pasada el Diputado del Frente para la Victoria y abogado de la CGT Héctor Recalde, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reglamentar el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto establece que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador (…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección…”.

Las reacciones conservadoras, alarmadas por tan “inoportuna” iniciativa, no se hicieron esperar y abrieron la puerta para que nos aventuremos a analizar no sólo el proyecto del Diputado Recalde, sino también las distintas expresiones que se suscitaron a favor y en contra.

Para entender un poco mejor de que se trata el proyecto, es importante destacar que la propuesta define como ganancia “el rédito neto obtenido en cada ejercicio anual”, sobre ese monto, el proyecto establece que será deducible en el caso de que la empresa decida reinvertir las ganancias, hasta un 50% de las mismas. Además, se prevé la creación de un “consejo tripartito” conformado por doce miembros correspondiendo cuatro al Estado, cuatro de la CGT y cuatro representantes de las empresas para la implementación de esta ley. Por último, la iniciativa prevé también un esquema de incorporación progresiva de empresas, de modo que la obligación de distribuir ganancias sería para las empresas con más de 300 empleados en el primer año, de 200 en el segundo y a todas las demás después.

Entre las reacciones de las fuerzas políticas que deberán tratar el tema en el Congreso el radicalismo está dividido, Oscar Aguad ya se pronunció en contra y Ricardo Alfonsin a favor de debatirlo, recordando que ese derecho fue “una creación” del centenario partido. El GEN de Stolbizer presentó un proyecto alternativo con la diferencia de que en lugar de un consejo tripartito, se forme uno por empresa y que sean integrados por delegados elegidos directamente por los trabajadores, condición similar a lo que plantea el proyecto de Eduardo Macaluse de Proyecto Sur, quien aclaró en este sentido que “Una de la diferencias que tiene (su) proyecto con el de Recalde es que los trabajadores eligen quién los representa y eso no implica que necesariamente tengan personería gremial”. Todo esto en clara alusión a la necesidad o no de que sea la CGT la encargada de desarrollar las negociaciones con los empresarios.

Del otro lado, tanto el Peronismo Federal como el PRO se manifestaron en contra del proyecto aduciendo entre otras cosas que es “inoportuno” y que no fue puesto a consideración para ser debatido y consensuado por todas las partes intervinientes. Curiosamente, o quizás no tanto, estos mismos argumentos son los que expresaron los principales referentes de los grupos empresariales. No obstante esto, es interesante ver que el argumento preferido por estos últimos fue que el proyecto incidiría negativamente sobre las inversiones. Hecho que no sólo es desmentido por las experiencias de países como Alemania, EEUU, Canadá, Venezuela (desde antes del gobierno de Chávez) y México, sino que también, y fundamentalmente, es desmentido por la experiencia de la fábrica de neumáticos Firestone, que coparticipa beneficios con sus empleados desde el año 2001.

Lejos de proponer una conclusión final al tema que motiva esta columna, debe destacarse la paradoja de que sea un derecho constitucional adquirido en el año 1957, el que nos permite ver donde están posicionados esos actores políticos y económicos que cotidianamente bombardean nuestros sentidos desde los medios.

Planteado entonces el escenario de un gran debate, no podremos más que estar bien atentos para poder analizar qué actitud toman nuestros representantes… y saber entonces qué actitud debemos tomar nosotros, frente a las urnas.