*Por Esteban Santantino
La semana pasada el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de “Servicio Cívico Voluntario” que propone la creación de un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años que no tengan empleo y que no hayan concluido su educación primaria y secundaria. A simple vista, es un proyecto sobre el que no debería haber tanta discusión ya que, cómo se ha dicho en más de una ocasión en este programa, la educación es la principal herramienta con la que contamos para mejorar la situación de esa amplia mayoría empobrecida de nuestro país.
Sin embargo el problema de no llamar a las cosas por su nombre, es la confusión que genera, y de ahí que la discusión en torno a este proyecto tenga que ver con el rol que es asignado a las Fuerzas Armadas y no con la educación como herramienta del cambio social.
El proyecto expresa en el artículo segundo, que entre sus principales objetivos se encuentra el de “Otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” y “alentar conductas y programas solidarios y productivos”. Al mismo tiempo propone en su artículo noveno que “los talleres desarrollados en instalaciones de las Fuerzas Armadas, deberán respetar los reglamentos de éstas, referidos a normas de convivencia.”
El proyecto fue impulsado y defendido por el propio Vice-presidente Julio Cleto Cobos, ya que se basa en una experiencia muy similar que él mismo implementó en Mendoza cuando era Gobernador. En este sentido, Cobos publicó en una nota en el diario Perfil que “en aquel momento, fue poner en marcha un plan con un grupo de adolescentes en situación de riesgo, como los chicos limpiavidrios.”
Consultada sobre el proyecto, la pediatra mendocina Viviana Zavala, que fue la directora del Servicio Cívico Voluntario mientras duró en esa provincia dijo que el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Otro de sus impulsores, el Senador Radical Ernesto Sanz afirmó que, el proyecto es una herramienta más para combatir la inseguridad. En el mismo sentido es imprescindible destacar que el proyecto fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. Así mismo el proyecto fue tratado dentro de un paquete de leyes sobre seguridad que incluyen el tema de las salideras bancarias y la desaparición forzada de personas.
Es lícito preguntarse entonces si estamos hablando de educación para los jóvenes que no encuentran la forma de llenar de sentido la palabra futuro, o si muy por el contrario estamos pensando en que la disciplina militar puede enderezar los comportamientos desviados de los pibes denominados “en riesgo social”.
Rechazar un proyecto simplemente porque incluye a las Fuerzas Armadas, resulta un pre-juzgamiento facilista y peligroso. Tanto como desdibujar el papel fundamental que cumplen las Fuerzas como la defensa del territorio y la integridad de los recursos o la asistencia ante posibles catástrofes, para pedirles una función de “contención” de los pibes que como sociedad excluimos cotidianamente.
Mucho peor es, finalmente, tomar un discurso que intenta responder a la violencia y la inseguridad que genera el propio sistema naturalizando tanta pobreza con mecanismos provenientes de instituciones represivas, y disfrazarlo con bonitos nombres relacionados con la educación.
En definitiva, una propuesta más que actúa sobre los efectos y no sobre las causas del problema y que, como peor de todos los males, nace deshonesta con su propia esencia.
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